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En estos tiempos se habla mucho de qué medidas habría que tomar para salir de la crisis en la que estamos sumidos en España. Muchas de las medidas propuestas suponen un incremento del gasto público. En tiempos en los que precisamente se intenta rebajar el déficit público, nuestro gobierno no está precisamente interesado en incrementar el gasto público, así que asistimos a un diálogo de sordos.

 

Una de las medidas que influirían muy positivamente en la economía real sería que las fechas de pago de las administraciones públicas fueran completamente predecibles. El retraso de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores, da excusas (fundadas o no) a las grandes empresas para retrasar pagos a sus proveedores, estos retrasos a su vez sirven de excusa (normalmente real) a las PYMEs, y esto les fuerza a estas a retrasar pagos a las microempresas e incluso a sus trabajadores.

¿Qué quiero decir con esta sugerencia?, pues cosas tan simples como:

  • que solo se pueda contratar un servicio con la administración cuando existe presupuesto con fondos confirmados para cubrir dicho servicio. Esto parece evidente, pero todos sabemos que no siempre es así
  • que en el momento que emitimos una factura a la administración, sepamos a ciencia cierta en qué fecha la van a pagar
  • que en cuanto se nos concede una ayuda pública de cualquier tipo (subvención o préstamo) sepamos exactamente cuándo se van a recibir los fondos
  • que en cuanto presentamos una declaración de impuestos, con resultado a devolver, sepamos en qué momento se va a recibir dicha devolución

No estoy indicando qué plazos aplicar en estos supuestos. El simple hecho de conocer la fecha de cobro, por distante que pueda ser, y la certeza de su cumplimiento, ya supondría una ventaja enorme para todos, frente a la situación actual. Los bancos podrían ser más proclives a aceptar estas facturas como garantía para la concesión de créditos de circulante, frente a la situación actual de falta absoluta de financiación.

Esta medida no incrementaría el gasto para la administración, ya que las cantidades a pagar seguirían siendo las mismas. Podría incrementar el coste de financiación de estos pagos, si los intereses a pagar por los retrasos fueran menores que el coste de financiar el pago puntual de los mismos.

Ahora supongamos que el Ministerio de Hacienda ofreciera la posibilidad de cobro anticipado de estos pagos, como hacen muchas empresas con sus proveedores, a cambio de un descuento financiero apropiado, garantizado por el propio Estado. En este caso, el coste total para la Administración se podría reducir, ya que la Administración podría financiarse con intereses más bajos que sus proveedores, y el coste de esta financiación la cubrirían los proveedores.

Esta medida mejoraría la salud financiera de las empresas, introduciría predictibilidad en las actividades económicas con la administración, y crearía un círculo virtuoso en el que todas las empresas aprenderíamos a responsabilizarnos del cumplimiento de las fechas de pagos de nuestras facturas.

Esta medida no rebajaría nuestros ingresos, ni nuestra rentabilidad, pero inyectaría fondos en el mercado, que serían auto-sostenibles, mejorando la salud financiera de las PYMEs y de las familias que dependen de ellas, permitiendo que pudiéramos abordar nuevas inversiones con seguridad, lo que podría mejorar la creación de empleo.

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